En política, las palabras importan. Pero más importa que esas palabras tengan coherencia con los hechos. En Cartagena, la ciudadanía observa con desconcierto cómo lo que se anuncia en ruedas de prensa, redes sociales y comunicados oficiales, muchas veces no se corresponde con lo que realmente ocurre en la ciudad.
En las últimas semanas, el gobierno distrital repitió hasta el cansancio que Cartagena vive la “mayor inversión en infraestructura educativa de su historia”, con anuncios de megacolegios y rehabilitación de las instituciones en ruinas. La narrativa es clara: la educación avanza, la dignidad llega.
Sin embargo, la realidad mostró otro rostro. Una acción de tutela interpuesta por una lideresa social obligó a suspender provisionalmente las obras, tras advertirse que no existían garantías plenas para proteger el derecho a la educación de los estudiantes mientras se ejecutaban las intervenciones.
La respuesta del alcalde no fue reconocer el llamado de la justicia ni ajustar la planeación: eligió descalificar a la accionante y presentar la decisión judicial como un obstáculo “político” al desarrollo. Incluso calificó a los contradictores como “cangrejos” que frenan los sueños de la ciudad.
Aquí surge la contradicción:
¿Cómo se puede defender la educación digna si al mismo tiempo se desacredita la función de los jueces, cuyo deber es proteger derechos fundamentales? ¿Cómo se puede hablar de confianza ciudadana si la legalidad se presenta como un estorbo?El contraste simbólico es poderoso: mientras se muestran maquetas y promesas de “superciudad educativa”, la propia justicia evidencia incumplimientos en la planeación. El resultado es una narrativa donde la propaganda intenta suplantar a la legalidad.
Aunque al fallar la tutela de fondo, el juez declaró improcedente la acción, la reacción institucional frente al control judicial no corresponde a quienes tienen que dar ejemplo de sometimiento a ley.
Entonces pregonan que “la norma es la norma” en el ejercicio de la autoridad desde el DATT de Cartagena, Distriseguridad Cartagena y la SICC en las redes sociales, pero descalifican a quienes dentro del ejercicio de control ejercen sus derechos.
Que resultado se obtiene:
La ciudadanía percibe un doble mensaje: discursos épicos de inversión histórica y, al mismo tiempo, fallos judiciales que recuerdan que la coherencia no es opcional: es obligación.
Las maquetas no educan; lo que educa es cumplir la ley y respetar a quienes exigen sus derechos.
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