n abril de 2025, el propio Distrito celebraba en medios de comunicación la instalación de nuevas cámaras en la vía de La Boquilla. El anuncio era claro: se trataba de dispositivos para detectar exceso de velocidad y controlar el SOAT vencido, en una de las carreteras de mayor flujo turístico y de accidentes en Cartagena.
Meses después, en agosto, el alcalde aseguraba con firmeza: “Mientras estemos al frente de la Alcaldía, no habrá puntos de fotomultas en la ciudad”. Un mensaje contundente que buscaba transmitir cercanía con la ciudadanía inconforme con el modelo sancionatorio.
Pero aquí surge la primera contradicción:
¿Cómo entender que se instalen cámaras y luego se niegue su existencia operativa? ¿Por qué se celebra la inversión y después se descalifica como mecanismo “inconveniente”?La confusión no es un detalle técnico: afecta la confianza en las instituciones. Mientras el alcalde habla de 1.100 cámaras de videovigilancia “todas operativas”, la respuesta oficial de Distriseguridad a un derecho de petición evita precisar cuántas funcionan, dónde están y en qué condiciones operan.
El contraste simbólico es evidente: se proclama seguridad, pero se oculta la información básica que debería respaldar ese discurso. Una cosa es comunicar medidas pedagógicas, y otra muy distinta es maquillar la realidad de una ciudad donde la violencia crece y las cámaras siguen sin mostrar resultados efectivos.
En el fondo, lo que se proyecta es una seguridad de propaganda: anuncios y cifras que se repiten como mantra, mientras la ciudadanía vive una inseguridad que no se resuelve con videos ni comunicados.
En Cartagena necesitamos menos discursos que se contradicen y más coherencia entre palabra y acción. Porque como digo una cosa y hago otra, no se gobierna una ciudad: se la condena a la desconfianza.
Próxima entrega: Educación y tutela judicial
No hay comentarios:
Publicar un comentario