En una ciudad que enfrenta en promedio más de 500 incendios estructurales al año, la precariedad del Cuerpo de Bomberos de Cartagena no solo es un escándalo operativo: es una amenaza directa a la vida, la seguridad humana y el patrimonio colectivo.
Desde la falta de camiones con placas, pasando por la ausencia de simulacros, hasta el uso cuestionado de los recursos de la sobretasa bomberil, todo apunta a una crisis estructural silenciada.
Según la Dirección Nacional de Bomberos, Cartagena registró 550 incendios estructurales solo en 2024.
Esto representa un aumento del 8% respecto al 2023 y ubica a la ciudad entre las más afectadas de la Costa Caribe, junto a Barranquilla.
Durante una visita de verificación ciudadana, se constató que al menos 2 camiones oficiales no portan placas visibles, incumpliendo la norma de identificación vehicular obligatoria.
Se han radicado derechos de petición para verificar el estado de matrícula, SOAT, certificados de mantenimiento y la existencia de CDP y CRP sobre los vehículos.
¿Están los equipos en regla o estamos combatiendo incendios con maquinaria en la sombra?
Entre 2020 y 2025, la ciudad ha recaudado cientos de millones de pesos por este tributo.
Sin embargo, derechos de petición recientes evidencian falta de trazabilidad, ejecución presupuestal dudosa y contratos opacos.
No se conoce públicamente un informe consolidado del uso efectivo de estos recursos.
¿Dónde están los equipos, la formación, el mantenimiento y la inversión prometida?
Varios establecimientos afectados por incendios no contaban (o no tienen público) su certificado de inspección locativa y contra incendios.
La Resolución 0661 de 2014, que regula las funciones del Cuerpo de Bomberos, establece obligaciones claras en inspección locativa, planes de emergencia, reportes de siniestralidad y comunicación operativa. Ninguna parece cumplirse a cabalidad.
Esto evidencia una falla institucional de control por parte del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría del Interior.
La crisis del Cuerpo de Bomberos de Cartagena no ha pasado desapercibida ante la ciudadanía activa y organizada.
Actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo de Bolívar una acción popular interpuesta por ciudadanos, con el objetivo de proteger el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de accidentes técnicamente previsibles, consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por la Ley 472 de 1998.
Esta acción busca que el Distrito adopte medidas efectivas y sostenibles para:
1. Implementar un sistema funcional de inspección, prevención y control de riesgos de incendio.
2. Garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de funcionamiento operativo del Cuerpo de Bomberos.
3. Asegurar el uso correcto de los recursos públicos asignados para seguridad humana.
4. Impulsar una reforma estructural del modelo de gestión del riesgo urbano, en sectores históricamente vulnerables como El Pozón, Bazurto, La María, San Fernando y La Esperanza.
Cartagena no puede seguir ardiendo sin memoria, sin justicia y sin institucionalidad. La emergencia ya no es el fuego, es la omisión.
Por eso hoy no solo estamos informando: también estamos actuando.
Desde el ejercicio del control ciudadano, jurídico y comunicacional, seguiremos denunciando, exigiendo y proponiendo.
Porque la seguridad contra incendios no es un favor del Estado, es un derecho colectivo.
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