Cartagena soy yo

Hace unos días el alcalde afirmó: “el que se mete con el desarrollo de la ciudad se mete conmigo”, en reacción a la orden de un juez que suspendió las obras de rehabilitación de colegios públicos. Una frase fuerte, cargada de emotividad, que refleja la tensión entre los proyectos de gobierno y el control judicial.

Pero Cartagena no es un yo. Cartagena somos nosotros: sus ciudadanos, sus niños que caminan cada día hacia el colegio, sus docentes que esperan aulas dignas, sus jueces que aplican la Constitución, sus líderes comunitarios, sus comerciantes y sus barrios enteros que sueñan con vivir en paz.

En democracia, nadie puede apropiarse de la ciudad como si fuera un patrimonio personal. Y menos cuando se trata de decisiones judiciales, que son parte esencial del Estado de derecho. Las órdenes de un juez no son caprichos: son garantías para que las obras se hagan dentro de la legalidad y con seguridad jurídica.

Los datos son claros. Más del 79% de los colegios en Cartagena siguen sin señalización escolar, a pesar de que la ley y el Acuerdo 145 de 2024 ordenaron corredores seguros. El problema no es sólo construir nuevas infraestructuras, sino también garantizar entornos de seguridad y prevención que hoy brillan por su ausencia.

La ciudad necesita menos frases contundentes y más hechos verificables. Necesita que el debate político no convierta a los jueces en enemigos ni a las instituciones en obstáculos. Porque si Cartagena es de todos, debemos construirla con respeto a la ley, con transparencia y con control ciudadano.

Cartagena soy yo. Cartagena somos nosotros. Y nadie puede hablar en nombre de toda una ciudad, menos para deslegitimar el papel de la justicia.